Aquí Entre nos…
Por La MALILLA
* México gasta menos en seguridad y con una precaria instrumentación y evaluación
* Sesión ordinaria del congreso sin diputados suplentes
Como en cada época electoral se ve de todo, pleitos encarnizados en los partidos políticos por la repartición de posiciones, desde llenar la planilla de regidores, que para abanderar candidaturas a las diputaciones locales o federales y no se diga para munícipes y gobernador.
Gracias a la figura de Jorge Hank Rhon y de Julián Leyzaola Pérez el Partido Encuentro Solidario (PES), es en este momento la fuerza capaz de darle la pelea a MORENA y, en el peor de los casos convertirse en la segunda fuerza política en Baja California.
Esto convierte al PES den la miel a la que quieren llegar las moscas. Así, a los oídos de La Malilla llegan las versiones de que Salvador Díaz González, ex presidente de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO), sin más ni más, está “peleando” por la candidatura del Distrito 5 federal, ya se vio en una curul en el recinto federal de San Lázaro.
Nos dicen que el mérito de Salvador Díaz ha sido hacer señalamientos, declaraciones por medio de boletines como manera de construir una trayectoria pública, nada más.
Cabe recordar su declaración más reciente: que posiblemente Baja California se quedaría sin gas LP por la situación de desabasto que había en estados como Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, lo que el expresidente de la AIMO desconoce que la industria se abastece de gas natural, diferente al gas doméstico, por lo que empresarios de CANACINTRA tuvieron que salir a aclarar la nota sensacionalista de Díaz González y darles certidumbre a los industriales.
En buena medida Salvador Díaz ha construido una trayectoria pública con ese estilo alarmista y sensacionalista, con mensajes dirigidos hacia los gobiernos municipal y estatal en turno, cero aportes.
También se sabe que Díaz González ya venía trabajando para verse beneficiado con una candidatura para el Distrito 5 federal, pero por la alianza Vamos por BC con Omar Sarabia Esparza y Jorge Ramos Hernández, pero una vez que a Jorge Ramos se convierte en candidato a presidente municipal, Salvador Díaz se queda como los chinos, solo milando, y busca a Héctor Cruz Aparicio para una candidatura en esa posición.
El hecho es el riesgo latente para el PES, el empezar a colocar candidatos que lo que quieren es beneficiarse en lo personal, más que por el interés de trabajar en favor de la comunidad.
Y siguiendo con el “arribismo”, Javier Castañeda Pomposo está haciendo lo posible por revivir a su hermano Raúl Castañeda, exdiputado a quien se le recuerda de manera negativa por la aprobación de la Ley Bonilla, junto con otros legisladores panistas.
La familia Castañeda Pomposo, por muchos años ocupó cargos públicos gracias a su militancia en Acción Nacional y ahora quieren seguir bajo los colores Morado o Guinda y una posibilidad es la de, por lo menos, que Raúl Castañeda sea suplente de Rodolfo Olimpo Hernández en el Distrito 4 federal.
Javier Castañeda está haciendo labor de rescate por su familiar y ha sostenido diferentes encuentros con el mismo Olimpo Hernández y otros actores políticos que estarían en su equipo de campaña dentro del PES, esto ocurre cuando Javier Castañeda regresa al PES de donde se despegó cuando se convirtió en un cercanos del gobernador Jaime Bonilla, lo que cambió y ahora se acerca para rescatar lo que se pueda.
MÉXICO GASTA MENOS EN SEGURIDAD Y CON UNA PRECARIA INSTRUMENTACIÓN Y EVALUACIÓN
El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), que dirige Francisco Rivas Rodríguez, presentó el estudio Gasto Público en Seguridad 2019-2021, en el que destaca que el gasto público en seguridad previsto y asignado en la actual administración federal mantiene la misma inercia que la de sus antecesores.
Se continúa privilegiando un enfoque reactivo y no uno preventivo, pese a que en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) se enfatiza como eje conductor la prevención del delito.
El documento señala que el gasto público en este eje preventivo disminuyó 0.20 por ciento del PIB en 2019 a 0.18 por ciento en 2021. Mientras que el objetivo del combate al crimen concentra la mayor cantidad de recursos, el cual aumentó de 0.55 por ciento del PIB en 2019 a 0.56 por ciento en 2021.
Francisco Rivas indicó que esto demuestra la falta de coherencia respecto al cambio de paradigma de seguridad prometido y revela que tanto el gasto público como la estrategia nacional de seguridad no trascienden el discurso político del presidente.
Otro de los hallazgos del estudio es que en los últimos ejercicios fiscales se ha registrado un menor control del gasto público en materia de seguridad. Prueba de ello, es que en 2019 el gasto ejercido superó en 36 mil 531 millones de pesos al aprobado. Ello se debe a que se ejercieron 35 mil 511 millones de pesos más en el Ramo 7 Defensa Nacional y mil 427 millones adicionales en el Ramo 13 Marina.
Este menor control del gasto público contrasta con el recorte presupuestal del Programa de Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG). Dicha decisión presupuestal pone en riesgo la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en municipios que concentran 75 por ciento de los delitos de alto impacto, entre ellos Tijuana.
Rivas Rodríguez, consideró que los legisladores federales fueron irresponsables al aprobar el recorte presupuestal el año pasado y advirtió que debido a ello el gasto público se ha convertido en un instrumento para fortalecer la centralización de recursos en la federación y la militarización de la seguridad pública.
El estudio Gasto Público en Seguridad 2019-2021 –con la colaboración del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP)–, advierte la preocupación que existe al interior de la FGR sobre la disminución de 11.8 por ciento en los recursos destinados a investigar delitos relacionados con la delincuencia organizada, mientras que las carpetas de investigación por estos delitos apenas se redujeron 5 por ciento entre 2019 y 2020 en un contexto de crisis sanitaria.
Por su parte, los recursos destinados a la operación de la Guardia Nacional aumentaron de 3,974 a 35,672 millones de pesos de 2020 a 2021. Sin embargo, esta alza se debe a la reasignación o redistribución entre distintos ramos presupuestales, como es el caso de los recursos asignados a la Policía Federal en años pasados.
Francisco Rivas señaló que, a la fecha, no se ha publicado la evaluación de diseño del programa presupuestal de la Guardia Nacional lo que impide saber los resultados de la institución. En consecuencia, sentenció, esto puede generar falsas expectativas sobre su efectividad y gestión interna.
El estudio enfatiza que aun cuando es necesario aumentar el nivel de gasto para que esté en línea con el referente internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es de un 3 por ciento del PIB y que es necesario que la estrategia de seguridad sea coherente, de lo contrario se corre el riesgo de malgastar los recursos.
Sesión ordinaria del congreso sin diputados suplentes
Este miércoles se realizó la sesión ordinaria del congreso del estado y lo que en principio llamó la atención es la ausencia de los seis diputados suplentes, seguramente porque aún no han rendido protesta y quizá porque quieren ver quien regresa o no para no hacer tanto movimiento.
El sábado pasado en sesión extraordinaria pidieron licencia cinco y con anterioridad una más: Gloria Araceli Miramontes Planillas por Montserrat Caballero; Juan Ramón López Naranjo por Miguel Ángel Bujanda; Víctor Hugo Gutiérrez Castro por Gerardo López; Luis Enrique Sánchez León por Juan Melendrez; Javier Robles Aguirre por David Ruvalcaba y María del Carmen Armenta Sanabia por Eva María Vásquez Hernández.
Respecto a los trabajos legislativos, destacan la reforma de la diputada Julia González Quiroz, a la ley en la materia en beneficio de la juventud del estado, con el que se establece el acceso a todos los derechos, sin distinciones de género, preferencias, o por contar con alguna discapacidad.
“No deben limitar el derecho de cada joven a ser considerado como igual, por lo que propongo que subsistan todas las propuestas que establecen acciones afirmativas y ajustes razonables para lograr una inclusión plena”.
Julia González destacó que la reforma busca una armonización con la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, que señala que la Discapacidad se presenta como la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones.
Por otra parte, el pleno aprobó por unanimidad aprobar el rechazo de las cuentas públicas del Ayuntamiento de Ensenada en 2017 y 2018 de Marco Antonio Novelo Osuna, como ya había ocurrido en Comisión de Fiscalización que preside Eva Rodríguez, además presidenta de la Mesa Directiva.
En el ejercicio fiscal de 2017, la Auditoría detecto una seria de irregularidades en el manejo presupuestal del XXII Ayuntamiento de Ensenada, las cuales detalló en 41 irregularidades plasmadas en el informe de la Auditoría Superior del Estado de BC.
Respecto a lo ejercido en 2018, se consignó el manejo irregular de las finanzas administradas por el vigésimo segundo Ayuntamiento de Ensenada. En este ejercicio fiscal fueron 55 los puntos de irregularidades detalladas en los considerandos que anotó la auditoría.
Entre ellas se menciona que, “de acuerdo con el convenio celebrado entre la Entidad y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de fecha 26 de febrero de 2018, se estableció el otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG) por un importe de 46 millones 350 mil 890 pesos, mismos que serían otorgados en una primera entrega por 32 millones 445 mil pesos y una segunda por cerca de 14 mdp.
Al respecto, se observa que la Entidad no dio cumplimiento a la totalidad de las metas establecidas para la primera ministración; debido a este incumplimiento, en la segunda presenta una reducción por un monto de 820 mil 411 pesos.
Con esto, Marco Antonio Novelo se suma a los expresidentes municipales Juan Manuel Gastélum Buenrostro y Nereida Fuentes González reprobados en los manejos de las cuentas públicas de sus respectivos gobiernos, ahora lo interesante es ver hasta donde llegará esto.
Hasta mañana, aquí entre nos…
#AdicciónPolítica
#EleccionesBC21
#LaMalilla
#TVerás