Con 353 votos a favor, 122 en contra y 0 en abstenciones, en la Cámara de Diputados se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 25, los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución, en materia de áreas y empresas estratégicas.
Así, la reforma que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum, de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, se discutió este miércoles en la Cámara de Diputados para considerar “empresas públicas” a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La reforma constitucional, que López Obrador no concretó porque no tenía la mayoría calificada de dos terceras partes del Congreso, también establece que la CFE controlará el 54% de la generación eléctrica y el 46% será de privados.
Además, obligará al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a despachar primero la energía producida en las plantas de la CFE antes que la de los privados, aunque provenga de fuentes más limpias y eficientes.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este día, la titular de la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, explicó que las empresas productivas del Estado “se rigen por el derecho mercantil, poniendo a las empresas públicas con reglas como una empresa privada”.
La funcionaria detalló que el dictamen busca garantizar que CFE genere el 54% de energía del país, mientras que el 46% correría a cargo de empresas privadas.
Aseguró que el dictamen incentivará la inversión privada, al brindar certeza para los accionistas: “La confiabilidad del sistema general de electricidad debe ser por parte del Estado, para poder regular su mejor distribución y que pueda llegar a todos los hogares del país”.