Por concluir la etapa de investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Baja California.
Tijuana, B.C.- Por presunto delito de desvío de recurso millonario por parte de la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez, la Unión de Organizaciones Civiles y Sociales de Baja California A.C.(UNO) en noviembre de 2023, interpuso una denuncia de carácter penal, a un año de este acto legal, UNO solicitará se judicialice la carpeta de investigación para que un juez emita la sentencia.
Román Antonio Aboytes Hernández, presidente de UNO A.C., manifestó que el documento que obra en poder de la mencionada Fiscalía consta ya de más de 400 hojas, y que la mayoría de los involucrados ya fueron citados a declarar, por lo que la investigación está a punto de concluir.
Originalmente se presentó la denuncia en contra de quien resulte responsable, pero durante la integración de la investigación a las declaraciones citadas se le sumaron los nombres y apellidos de funcionarios de primer nivel.
La denuncia giró en torno por la observación de un presunto desvío de más de 73 millones de pesos otorgados a cuatro organismos civiles, dicho recurso económico provenía de la recaudación del pase médico que se vende a los visitantes extranjeros a través de la Secretaría de Desarrollo Económico.
El número de caso es: 0204-2023-52746 en donde se señala la denuncia y/o querella en contra de que y/o quienes resulten responsables por los delitos de abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades en agravio del Ayuntamiento de Tijuana.
La Unión de Organizaciones Civiles y Sociales A.C. de Baja California aglutina a más de treinta organismos civiles de diferentes rubros como el sector transportista, comunidad cristiana, sector turístico, yonqueros, por mencionar algunos, en otros momentos también se han manifestado por abuso de autoridad respecto a la Guardia Nacional, denuncias penales en contra de ex gobernadores y alcaldes.
Román Antonio Aboytes Hernández en representación de los agremiados se pronuncia para que prevalezca el Estado de Derecho apelando al uso de las garantías que todo ciudadano goza.