Por: Crisstian Villicaña
Este día fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, añaden y derogan distintas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Desde antes de su aprobación y publicación, el debate del “Plan B” se ha centrado en la vulneración a la autonomía del Instituto Nacional Electoral, no obstante, también resulta interesante el renglón del cómo se compensará a los trabajadores del instituto que sean despedidos; en el Servicio Profesional Electoral Nacional serán más de mil 500 plazas recortadas, de acuerdo al INE.
“El Instituto garantizará que la reestructuración orgánica que derive del presente Decreto se realice con pleno respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras que se encuentren adscritas bajo cualquier régimen laboral”, indica el Décimo Primero de los Artículos Transitorios.
“Para cubrir el pago de posibles indemnizaciones, se destinarán los recursos que integran los fideicomisos de pasivo laboral y de infraestructura inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral. Una vez ejecutada la totalidad de los pagos correspondientes, se extinguirán y liquidarán dichos fideicomisos; sus remanentes se entregarán a la Tesorería Federación”, añade.
Con esto, los autos, computadoras, monitores, televisiones, impresoras y demás bienes inmuebles del INE pasarán a los empleados que sean despedidos y no haya forma de indemnizarlos en su totalidad con dinero.
Lo anterior, sin duda generará amparos en diferentes Estados de la República, en ese sentido, si bien la publicación de “Plan B” significa un triunfo para el Poder Ejecutivo, habrá que esperar que determinación toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esta última será la que decida si es o no constitucional las reformas, derogaciones y adiciones planteadas en el documento.