CDMX.-El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) bajó la candidatura a la diputación plurinominal del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza, por tener el estatus de prófugo de la justicia.
El Tribunal dio al PAN un plazo de 48 horas para solicitar la sustitución de la candidatura de Cabeza de Vaca ante el Consejo General del INE.
En la misma sesión, los magistrados determinaron que Ricardo Anaya, quien aspira a un lugar en el Senado, también por el PAN, mantendría la candidatura, porque no se acreditó que tenga una orden de aprehensión vigente.
La cancelación de la candidatura fue avalada con cuatro votos a favor, con el voto en contra del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien defendió la candidatura del exgobernador.
“Si legalmente una persona está en libertad y existe un amparo para no ser detenido, no hay elementos para afirmar que está prófugo de la justicia”, dijo.
“Sería a todas luces contrario al principio constitucional de presunción de inocencia consagrado también en tratados internacionales”, señaló.
La magistrada ponente Janine Otálora le respondió que para ser prófugo de la justicia se requieren dos condiciones: que haya una orden de aprehensión y estar sustraído de la justicia, y desde su criterio se cumplen ambas.
Janine Otálora propuso al Tribunal Electoral cancelar la candidatura de Cabeza de Vaca por tener una orden de aprehensión vigente por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y estar prófugo de la justicia.
Asimismo, argumentó que su amparo no desactiva la acción penal en su contra y puede ser detenido en cualquier momento.
Morena argumentó que Cabeza de Vaca no es ciudadano mexicano; no tiene residencia en el estado de Tamaulipas o en algunos de los estados de la circunscripción; es prófugo de la justicia y está inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
El exgobernador de Tamaulipas de 2016 a 2022 fue acusado desde 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada en la adquisición de bienes inmuebles con recursos públicos a través de empresas fantasma; sin embargo, en diciembre pasado, un juez anuló la orden de aprehensión en su contra.