Por: Crisstian Villicaña
Discriminación, violencia física, violación al derecho al libre tránsito, son algunos de los abusos de los cuales dicen ser víctima la comunidad migrante, así como aquella que habita las calles de Tijuana.
“Las autoridades migratorias, militares y policiales han estado vulnerando los derechos humanos en personas en situación de calle y personas en contexto de movilidad, como su detención en el perfilamiento racial y segundo el desalojo violento de personas en situación de calle bajo la injusta justificación de limpieza social”, detalló Sarah Soto, codirectora del albergue Espacio Migrante.
Ha sido histórica y a la vez creciente la violencia y abuso de poder por parte de autoridades como la Guardia Nacional, la policía municipal de Tijuana, el Ejercito Mexicano y el Instituto Nacional de Migración en contra de los que migran.
Estos últimos, ya sea que se les vea en las calles, espacios públicos, de manera individual o en grupo, suelen ser abordados por elementos de seguridad, esto sin que haya un delito de por medio o la posible ejecución de uno, siendo sujetos a detenciones ilegales.
“Esto ocurrido incluso frente a la puerta de nuestro albergue, por lo que condenamos cualquier tipo de agresiones y hostigamientos por parte de las autoridades hacía nuestro personal y hacía la comunidad y personas en situación de calle”, expuso, Soto.
En algunos casos, el constante acoso policial, aunado a un estado de ánimo bajo ya sea por haber dejado el lugar de origen o, por el contrario, por haber sido deportado, propician el consumo de drogas.
Además, habría que sumarle la falta de acceso a alimento, a la salud, incluso a la privacidad y una vida digna.
“Ante qué nos están orillando con esta brutalidad policial, muchas veces las personas tienen que esconderse para evitar salir a las calles y evitar esta fricción con las autoridades policiales y en muchas ocasiones terminan también generando temas de sobredosis que es lo que hemos estado escuchando, más aún con la presencia de fentanilo”, advirtió uno de los activistas.
Lo anterior no significa que toda la comunidad migrante consuma drogas, sin embargo, si es un factor a mencionar, de acuerdo a las palabras de los defensores de los derechos humanos de la población en contexto de movilidad.