La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) expresó su rechazo hacia la actuación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que aprobó el miércoles por 4 votos contra 3 entregar al Senado la información para la elección de jueces y ministros a pesar de las suspensiones judiciales que han frenado la implementación de la reforma judicial.
En un comunicado, la asociación destacó que, en desacato a resoluciones judiciales previas, el CJF ejecutó la reforma judicial sin establecer un diálogo con los jueces y magistrados directamente involucrados, lo cual, afirman, “vulnera gravemente el marco institucional y legal que rige” el país.
El desacato de las suspensiones otorgadas por jueces federales es considerado por la JUFED como “una ruptura del Estado de Derecho y una violación a la División de Poderes. “
“El respeto a las decisiones judiciales es una condición indispensable para la preservación de la legitimidad y la confianza en nuestras instituciones”, señala el texto.
Además, advirtieron que la implementación de la reforma judicial, pese a las suspensiones otorgadas, amenaza gravemente la viabilidad del Estado de Derecho en México.
Entre las preocupaciones expresadas por la JUFED está la decisión del CJF de implementar un sorteo, mediante una “tómbola”, para seleccionar a los jueces y magistrados federales que serán reemplazados en 2025. Según la asociación, este mecanismo vulnera los derechos humanos de los juzgadores y “genera una peligrosa falta de certeza y atenta contra los principios fundamentales de estabilidad y continuidad institucional”.
Añadieron que esta medida “representa una forma inusual e inapropiada de modificar la configuración de uno de los Poderes del Estado”, lo cual viola técnicas legislativas y constitucionales, además de sentar un precedente peligroso para la independencia judicial.
La JUFED enfatizó que la reforma judicial, tal como se está llevando a cabo, pone en riesgo la estabilidad del sistema democrático del país y podría desencadenar una crisis constitucional.
De acuerdo con el comunicado, la ejecución de esta reforma sin respetar las suspensiones judiciales “genera una crisis constitucional bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum”, afectando la legitimidad democrática de su administración.
La asociación hizo un llamado urgente tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo para que retomen el camino de la civilidad democrática, respeten la División de Poderes y garanticen que las decisiones se apeguen estrictamente a la legalidad.
“La independencia y estabilidad del Poder Judicial son esenciales para la salud democrática de nuestro país y cualquier intento de socavarlas debe ser firmemente rechazado”, concluyó la JUFED.