Con el voto en contra de la oposición, la mayoría de Morena, PT y PVEM aprobaron la convocatoria para elegir nuevos ministros, magistrados y jueces el 1 de junio del 2025.
Luego de un receso de cuatro horas para que la senadora Lizeth Sánchez García del PT, como integrante de la Mesa Directiva, llegara a la Ciudad de México para firmar la convocatoria —ya que se encontraba en un evento en Puebla— el pleno del Senado discutió y, con mayoría de Morena se aprobó el documento.
Se emitieron 78 votos en favor del oficialismo y 39 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
En tribunal, la senadora panista Mayuli Martínez Simón calificó de simulación y engaño la tómbola que hizo Morena en el Senado para sortear los relevos de juzgados y magistraturas, “para apoderarse del Poder Judicial”. Dijo que al pleno estilo de Morena, seleccionaron las candidaturas en procedimientos que no son del Estado mexicano.
El coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, advirtió a la oposición que “no se equivoquen: aquí no va a haber componendas ni convivencias”, sino una elección de juzgadores.
“Vienen a decir a esta tribuna, a decir que Morena va a quedarse con el Poder Judicial, ¡No! Y se los digo con toda franqueza y viéndolos de frente, desde luego que no somos iguales”, refirió.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, sentenció que detrás de la reforma judicial y sus efectos, está el capricho y el intento por capturar políticamente al Poder Judicial.
“Toda la reforma está hecha para tomar venganza de que en muchas ocasiones este Poder Judicial contradijo al entonces presidente López Obrador y demostró con o sin razón, esa no es la discusión, un espacio de autonomía y de decisión institucional. Y como el equilibrio de poderes suele ser perjudicial, lastimoso para quien detente el poder, en un acto de profunda venganza política es que prácticamente de un plumazo se borran muchos años de historia constitucional en este país”, planteó.
La senadora priista Claudia Anaya reiteró que existen suspensiones judiciales que no han sido acatadas por el Senado para no continuar con este proceso electivo, e incluso mencionó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos convocó a México a una audiencia para la revisión de la reforma judicial.
“Se han estado violentado los amparos, no es que aquí cada quien se asumió como un jurisconsulto y entró en desacato de ley; si algún amparo no les gustaba, nos les convenía o no les parecía justo, debieron haberlo sometido a una instancia de revisión en el Poder Judicial, pero nunca lo hicieron, siempre lo hicieron en desacato, por eso seguimos manteniendo nuestra postura de participar en todo el proceso a cautela, bajo protesta”, refirió.
Este es el contenido de la convocatoria
El documento se divide en 12 apartados donde se establecen plazos, fechas y el alcance de los cargos que serán objeto de la elección.
Atribuye un ámbito normativo al INE para que a través de acuerdos generales reglamente todos los aspectos para concretar y ejecutar los pasos y acciones atinentes al inicio, desarrollo y conclusión del proceso comicial del Poder Judicial.
Ordena a los tres Poderes de la Unión (presidenta Claudia Sheinbaum, Cámara de Diputados, Senado y Suprema Corte de Justicia de la Nación) a integrar sus comités de evaluación de cada poder constitucional para elegir cinco ministras y cuatro ministros de la SCJN; tres magistradas y dos magistrados del Tribunal de Disciplina; una magistrada y cinco magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; así como a 464 magistrados de Circuito y 386 jueces de Distrito.
Establece que los ministros, los cinco magistrados del Tribunal de Disciplina y los magistrados de la Sala Superior serán electos a nivel nacional.
Los magistrados electorales de las Salas Regionales serán electos por región en su correspondiente circunscripción plurinominal.
Los magistrados de Circuito serán electos por circuito judicial, y los jueces de Distrito serán electos por circuito judicial.
Para la elección de ministros, los magistrados electorales deberán reunir los requisitos establecidos en los artículos 95, 96, 99 y 100 de la Constitución, mientras que los magistrados de circuito y jueces deberán reunir los requisitos establecidos en los artículos 96 y 97 de la Constitución.
Los aspirantes a ministros y magistrados del Tribunal de Disciplina y magistrados electorales deberán proporcionar acta de nacimiento; credencial para votar; titular o cédula de licenciatura en derecho; certificados de estudios; documentos que acrediten su actividad jurídica; constancia de residencia en el país al menos dos años; carta de buena reputación; ensayo de tres cuartillas; cinco cartas de vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad; constancia de práctica profesional de al menos tres años en un área jurídica; carta de no haber sido condenado por delito doloso alguno.
Los plazos establecen que el Senado emitirá la convocatoria este 16 de octubre; los tres Poderes de la Unión instalarán sus comités a más tardar el 31 de octubre, y estos publicarán las convocatorias para participar en el proceso a más tardar el 4 de noviembre; y los aspirantes podrán registrarse entre el 5 y el 24 de noviembre.
Los comités de evaluación verificarán los documentos de los aspirantes a más tardar el 14 de diciembre y publicarán el listado de las personas que hayan cumplido con los requisitos constitucionales de elegibilidad el 15 de diciembre.
Los comités calificarán la idoneidad de las personas elegibles a más tardar el 31 de enero de 2025, y luego depurarán el listado mediante insaculación pública; publicarán los resultados a más tardar el 4 de febrero.
Los listados serán remitidos al Senado a más tardar el 8 de febrero, e integrará los listados y expedientes de las personas postuladas por cada Poder de la Unión y las remitirá al INE a más tardar el 12 de febrero.
Ordena a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que asigne un presupuesto al INE para el 2024, a fin de que lleve a cabo el proceso electivo.
Finalmente, ordena al INE que permita el voto a una muestra estadística en la mayor medida representativa de electores con residencia en el país o fuera del territorio nacional, mediante un ejercicio practicable desde cualquier instrumento o dispositivo digital.